Las autoridades senegalesas desplegaron este viernes hombres armados en Dakar donde, tras el estallido de violencia del jueves, muchos temen un conflicto si el gobierno detiene al opositor Ousmane Sonko, candidato a las presidenciales y que fue condenado a dos años de prisión por «corromper» a una joven menor de 21 años, al mismo tiempo fue absuelto de las acusaciones de violación reiterada y amenazas de muerte. Por su parte Sonko siempre ha negado los cargos, alegando que el gobierno está conspirando para dejarle fuera de las presidenciales.
Los hombres con uniforme militar y fusiles de guerra se encuentran desplegados en varios puntos de Dakar, la capital que se vio desierta en gran parte durante la jornada, tras una de las protestas políticas más violentas en el país en años. Al respecto, ni el portavoz del gobierno ni el del Estado Mayor confirmaron que las autoridades hubieran llamado al ejército. Mientras que el ministro del Interior, Antoine Diome, aseguró por su parte que «el Estado de Senegal ha tomado todas las medidas» para restablecer el orden.
El jueves, varios barrios de Dakar, así como la región de Casamanza, en el sur, y otras ciudades fueron escenario de un estallido de violencia provocado por la situación de Sonko, el principal opositor al presidente Macky Sall, que desde hace dos años libra una encarnizada batalla con el gobierno por su supervivencia judicial y política.
Amnistía Internacional (AI), por otro lado, condenó la violencia policial en Senegal y pidió el restablecimiento de las redes sociales durante las protestas que tienen lugar en el país desde el jueves tras conocerse la condena contra el líder de la oposición, en las que han muerto nueve personas.
«Condenamos las restricciones al acceso a las redes sociales y el corte de la señal del canal privado de televisión Walf TV por parte de las autoridades senegalesas, en el contexto de las violentas manifestaciones que tuvieron lugar en Dakar, Ziguinchor y Kaolack, entre otras ciudades», declaró Samira Daoud, directora regional de AI para África Occidental y Central.
«Estas restricciones del derecho a la libertad de expresión e información constituyen medidas arbitrarias contrarias al derecho internacional, y no pueden justificarse por imperativos de seguridad», agregó Daoud.
