La operación se llevó a cabo a primera hora del jueves contra traficantes de drogas acusados de reclutar a menores en el barrio pobre de Jacarezinho, en el norte de Río, informó el sitio de noticias G1, citando a la policía. El canal de televisión GloboNews emitió imágenes que mostraban a personas armadas huyendo por la barriada durante la operación policial.
Los residentes también publicaron vídeos en las redes sociales en los que se veían explosiones, disparos y helicópteros sobrevolando. Se vio a un gran número de policías moviéndose por la favela y rápidamente, los habitantes oyeron disparos que parecían venir de todos los lados.
«En la favela hay terror absoluto”, señaló la abogada de Derechos Humanos, María Julia Miranda, al micrófono de nuestro corresponsal Martin Bernard. “El primer impacto es la cantidad de sangre que se puede ver en la favela, había muchos charcos de sangre. En la primera casa en la que pudimos entrar, la familia fue desalojada, un joven fue ejecutado en el dormitorio de una niña de ocho años. La familia vio esta ejecución. La niña está completamente traumatizada”.
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Un agente de policía murió en la operación. Pero no se reveló la identidad de las otras víctimas. «Nuevamente hoy vemos la prueba de que no hay Estado de derecho en las favelas de Río», dijo Joel Luiz da Costa, director del Instituto de Defensa de la Población Negra.
Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.
Esta es la intervención policial más sangrienta desde hace 16 años en el estado de Río, escenario durante décadas de la violencia vinculada al tráfico de drogas.
En una conferencia de prensa al final de la tarde, la Policía Civil (PC, que se ocupa de investigaciones criminales) confirmó el balance dado inicialmente por la prensa de «24 sospechosos» y un agente muertos, y aseguró que «todos los protocolos» de la corporación antes de abrir fuego «se cumplieron, sin excepción».
La oenegé Human Rights Watch (HRW) indicó que ya ha comprobado en otros casos «graves fallas en las investigaciones de muertes causadas por la policía de Rio», y urgió a al Ministerio Público a segurar que «la policía preserve el lugar de los hechos, sin mover los cuerpos, hasta concluir la investigación».
El dispositivo se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en «circunstancias absolutamente excepcionales».
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El Instituto Igarapé, especializado en temas de seguridad y desarrollo, consideró «inaceptable que la policía de seguridad pública del estado [de Rio] siga apostando por la letalidad como principal estrategia, sobre todo en zonas vulnerables».
Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados por Igarapé, la policía de Rio «fue responsable por la muerte de 453 personas entre enero y marzo de este año», un número que ya representaba «el 36% del total de muertos en todo 2020», cuando fueron abatidas 1.245 personas.
